Con el desafío de renovar el organismo, el uruguayo Luis Almagro asume hoy la Secretaría General de la OEA

Luis Almagro asumirá la secretaría general de la OEA en reemplazo del chileno José Miguel Insulza y con una agenda de desafíos que incluye lograr el retorno de Cuba a la organización, darle una salida a la crisis en Venezuela y conseguir un nuevo enfoque de la región en materia de combate al narcotráfico, todo en medio de la meta mayor que es la renovación de métodos y políticas del organismo.

Creada en 1948 e integrada por 35 países -aunque Cuba sigue fuera-, la OEA sufre una severa crisis de credibilidad que la puso en medio de los ataques sobre todo de países sudamericanos -Ecuador, Bolivia, Venezuela-, que la consideran apenas un apéndice de las políticas de Estados Unidos y un organismo obsoleto con escasa acción.

Además de enfrentar esa suerte de “nueva agenda”, Almagro deberá esforzarse para que la tarea de la OEA no se vea opacada por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), el bloque que integran todos los países del continente menos Estados Unidos y Canadá, que suele adoptar posturas más radicalizadas y, siempre, más rápidas.

El uruguayo cargará sobre sus espaldas, también, con las pretensiones de los países latinoamericanos y caribeños que lo respaldaron unánimemente y con firmeza, pero que aspiran a una organización con mayor eficacia y en la que Washington deje de tener tanto peso.

“No vengo a administrar ninguna crisis, sino a facilitar y trabajar por una renovación”, aseguró Almagro en marzo, tras ser elegido por 33 votos a favor y una abstención.

Almagro prometió esforzarse por impulsar una nueva “agenda de diálogo” del organismo con Cuba para lograr su regreso a la institución. La isla fue suspendida en 1962 y en 2009 se levantó la medida, pero la administración de Raúl Castro no mostró demasiado interés por retornar a la organización.

También le tocará al diplomático uruguayo “curar algunas heridas” con Venezuela -como él mismo expresó-, desde donde llovieron críticas a la OEA a partir de la crisis que generaron las protestas de 2014, desde el oficialismo por la pretensión de “intromisión” en cuestiones internas del país y desde la oposición por la “inacción” ante la situación.

En sucesivas entrevistas, Almagro dio por sentado que para que la OEA pueda generar un espacio de actuación en Venezuela debe lograr la confianza del Gobierno y la oposición, y posicionarse como imparcial y equilibrada, y más aun, dejar claro que no se guía por los intereses de Estados Unidos.

El gobierno venezolano suele encabezar la andanada contra la OEA, en general secundado por los de Ecuador, Bolivia y Nicaragua, que cuestionan, antes que nada, que la sede de la organización esté en Washington, pero también el accionar de algunos de los cuerpos internos de la entidad, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Almagro tendrá su debut y los primeros debates sobre el rol futuro de la entidad en la XLV Asamblea General que se realizará en Washington del 15 al 16 de junio. Este encuentro debía realizarse en Haití -según se acordó en la Asamblea anterior en Paraguay-, pero el país centroamericano desistió de organizarlo por la crisis interna que atraviesa.

Le tocará también al flamante secretario general avanzar en la búsqueda de enfoques alternativos para abordar el problema de las drogas, después de 40 años de una virtual guerra que no solo no dio los resultados esperados sino que hasta pareció agravar el problema.

El secretario general saliente, el chileno Insulza, que estuvo 10 años en el cargo -dos períodos- tuvo un papel clave en abrir la discusión acerca de la conveniencia de mantener una política antidrogas basada en la represión.

Bajo su dirección y por mandato de los presidentes de los países miembros, la OEA elaboró en 2013 un informe en el que se recomienda a los gobiernos que analicen la despenalización del consumo de drogas.

No pasa inadvertido, en ese marco, que Almagro llegue al sillón principal del organismo continental después de haber sido canciller de José Mujica, quien justamente diseñó un camino distinto en la lucha contra los traficantes de drogas.

Con Mujica como mandatario, Uruguay votó una ley para regular el mercado de la marihuana con el fin de quitarle el “negocio” a los narcotraficantes, una iniciativa que tiene muchos admiradores, pero también generó polémica interna y críticas de organismos internacionales de control de las drogas.

En muchos países latinoamericanos crecen las voces que piden cambiar una política que consideran inútil y costosa. Centroamérica y México sufren la violencia, la corrupción y la desestabilización que trae aparejado la extensión y fortaleza de los cárteles de la droga en sus territorios, un problema que también se ve en el Caribe e incluso en el Cono Sur.

La región ya discute el nuevo Plan de Acción Hemisférico sobre las Drogas (2016-20), que debe ser aprobado en noviembre por la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) y sustituirá al de 2011-15, adoptado en la era Insulza.

El diplomático chileno se despidió el viernes de la OEA con una fuerte defensa del diálogo y la soberanía estatal ante los conflictos del continente.

“Esta organización es de todos los miembros por igual; eso está claro para casi todos menos para algunos nostálgicos de la Guerra Fría, que dicen que la OEA ya no interviene como lo hizo en otros momentos”, dijo Insulza ante el Consejo Permanente del organismo, que se reunió en forma protocolar, solo para escuchar su despedida.

Como encargo, Insulza le pidió a Almagro que profundice el debate sobre “el contenido y alcance de la democracia” ahora que, dijo, “por primera vez todos los países de la región tienen gobiernos elegidos democráticamente”.

A todos estos desafíos, Almagro sumará los propios, que difundió mientras era candidato y todavía tenía algunos rivales que buscaban pelearle la secretaría general: hacer de la OEA un lugar que promueva la acción conjunta ante eventuales desastres naturales y que favorezca las iniciativas en bloque contra el cambio climático.

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